Porque ese endeudamiento lo pagaremos los contribuyentes, con impuestos presentes y futuros. He defendido el endeudamiento público, toda vez su destino sea inversión pública necesaria, y su manejo sea transparente y responsable. Pero la “deuda flotante”, no sólo es ilegal, sino que además las obras que estaremos pagando no están terminadas y están plagadas de anomalías.
Pago mis impuestos, y llamo públicamente a pagar impuestos como un acto de responsabilidad democrática. Entre otras cosas, porque me legitima y permite ampararme en un contrato social para denunciar este endeudamiento público injustificado, y cuyo destino debe ser rechazado. Como ya cumplí mi parte de ese contrato social, como ciudadano tengo el poder de decir no y oponerme a financiar prácticas tan descaradamente corruptas.
Durante la semana pasada, los corrillos parlamentarios sugerían el descontento de las bancadas de oposición en el Congreso de la República. Pero el propio presidente Pérez Molina, la vicepresidenta Baldetti y los diputados oficialistas se dedicaron a “cabildear” la aprobación de estos bonos. Ya el viernes y durante el fin de semana pasados los vientos parlamentarios soplaban en la dirección de la aprobación.
Pero, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de cabildeo presidencial, vicepresidencial y parlamentario oficialista fue tan, pero tan efectivo que doblegó férreas y comprometidas voluntades de diputados que sólo hace unos días decían no, y ahora parece que ya dicen sí? Estoy seguro que a los ciudadanos no nos cuesta percibir la fétida peste de la porquería: corrupción.
Y lo percibimos porque nos disgusta, pero a otros, como moscas coprófagas, les atrae enloquecidamente. El mismísimo fenómeno que hizo posible que Rodrigo Alfonso Ponce Chavarría, representante electo por la USAC ante la Junta Monetaria, primero dijera que no, durante toda una sesión se explayara en peroratas técnicas diciendo que no, pero que al final votara que sí. Fétido olor a porquería ese día en la Junta Monetaria, el mismo que hoy emana del Congreso.
¿Cuánto les darán? Unos dicen Q 500 mil por diputado. Otros ya hablan de Q 2.5 millones. ¿Los sobornarán a todos por igual o habrá un arancel que discrimine el valor corruptible de los diputados? ¿Serán todos o quedarán algunos que todavía voten decentemente no? ¿Y los secretarios generales de los partidos políticos se harán de la vista gorda de cómo se corrompen sus diputados?
Quiero creer que en el Congreso de la República hay diputados y diputadas que no se prostituirán votando a favor de los bonos (porque, sí, para mí las diputadas y los diputados que voten a favor le deberán decencia y dignidad a una trabajadora sexual). Y si existen (de verdad, quiero creer que sí), es el momento de hacer oír su voz y denunciar públicamente lo que está pasando desde el viernes 26 de julio: sobornos a diputados.
Pareciera que a los que los Q 3,500 millones les hace agua la boca le apuestan a una táctica de desgaste u olvido en la opinión pública. Que nuestra capacidad de indignación y de realmente enfurecernos porque nos van a obligar a tributar para pagarles sus orgías y aquelarres, a lo más dura una o dos semanas. Y que la indignación por los bonos mediáticamente “ya pasó”.
Y así como quiero creer que todavía hay diputados decentes, quisiera ver una ciudadanía con capacidad de indignarse cuando alguien quiere embadurnarle el rostro con porquería. Que nuestra capacidad de exigir decencia y probidad porque hemos tributado cumpliendo nuestra parte de un contrato social no es un fenómeno mediático pasajero.
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