Un hombre joven, cabello y bigote de corte reglamentario, tal vez cerca de 30 años, uniformado y con su escopeta recortada en los brazos. La mano derecha reposa en el respaldo del arma y la escopeta apunta al piso –tal vez casualidad, tal vez fruto de un buen entrenamiento, imposible saberlo.
Esta imagen es habitual a la Ciudad de Guatemala, al igual que los anuncios alrededor de cada una de las más de 40 armerías en la ciudad, que promocionan armas Beretta y Jericho que se pueden adquirir a cómodos plazos. Es también común ver a alguien descender de su vehículo en un centro comercial, dejando ver en su cinturón la pistolera para una 9 mm. Los gabinetes numerados para dejar el arma, cada uno con su respectiva llave, son comunes a la entrada de los bancos y otros establecimientos.
En América Latina, de acuerdo a un informe reciente de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada, desde 2009, la mayoría de las legislaciones han seguido una tendencia a la restricción de la portación y la tenencia de armas de fuego. Sin embargo, los cambios legales no se ven reflejados en una disminución de la tasa de homicidios, ya que la región, y especialmente en México, Centroamérica y la subregión andina, esta tasa ha experimentado un crecimiento.
¿Forman parte de nuestra vida las armas de fuego?, la respuesta puede variar de acuerdo a la visión de quien la responda, pero su presencia pública es abrumadora. Supongo que en algunos casos, los lectores de esta columna conocen a alguien que dejo su arma en el auto, o la lleva consigo.
Sin embargo, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que las armas de fuego forman parte de nuestras muertes. De acuerdo a cifras del INE, en 2011, el 83.6% de los homicidios fueron cometidos en Guatemala con armas de fuego. El 72.3% de los homicidios de mujeres, fueron cometidos también con armas de fuego. El Periódico – que reflejan un estudio del GAM−, señala que el 84% de las muertes violentas en el primer semestre de 2013 fueron cometidas con armas de fuego.
Una primera reacción sobre estas cifras podría resumirse en la idea de la prohibición total de las armas de fuego, extremo que encontrará una rápida respuesta en el argumento cliché de “los delincuentes prefieren víctimas desarmadas”, que se debe reconocer pega hondo en los miedos de una ciudadanía que no ve mejorar la seguridad pública desde hace muchos años. Además, hay que tener claro que existe un enorme problema de armas de fuego no registradas, en poder de grupos del crimen organizado. Esta discusión se ha convertido en un círculo vicioso, en apariencia, sin una salida fácil.
Sin embargo, en la experiencia reciente del Brasil convertido en una potencia económica emergente, y escenario de las recientes protestas sociales que coincidieron con la Copa Confederaciones, se registra una prohibición de la portación de armas para los civiles, el aumento a los 25 años de la edad mínima para adquirir un arma, y la implementación de pruebas psicológicas y de destreza. La tasa de homicidios de Brasil sigue siendo de un 26 por cada 100,000 habitantes, de todas formas, muy por debajo de la tasa promedio de 40 en Guatemala. Estados como Pernambuco, abordando la temática desde una perspectiva de combinar políticas públicas para la prevención y represión, que han incluido controles y restricción a las armas de fuego, han conseguido reducciones significativas en la tasa de homicidios.
Este tema requiere una discusión profunda. Guatemala cuenta con el marco de una política restrictiva, contenida en los Acuerdos de Paz, y plasmada en las transformaciones del DIGECAM y la Ley de Armas de Fuego y Municiones. Sin embargo, hace falta trabajar en el aspecto más profundo, de la cultura creada alrededor de las armas de fuego, y por supuesto, de una mejoría real en el tema de seguridad pública, de la cual depende saber derribar los postulados de esa cultura. Todo un desafío para un Estado que le queda en deuda a sus ciudadanos.
Más de este autor