Recordé esta afirmación después de la entrega del contundente informe sobre el financiamiento de los partidos políticos de la Cicig la semana pasada. El sonado reporte, que algunos empezaron ya a evaluar y otros deberían incluir en los currículos educativos —en particular las facultades de ciencias sociales—, es otro de esos esfuerzos que sin el espaldarazo de la comunidad internacional difícilmente podrían sentenciar y legitimar lo que académicos y analistas han venido diciendo hasta la saciedad desde hace ya varios lustros.
Ante la magnitud de problemas estructurales como la desigualdad, la marginación y la precariedad que todavía afectan a la mayoría de guatemaltecos con sus ya consabidos efectos, luego de las movilizaciones cívicas del segundo trimestre de este vertiginoso año, consideraba que el reto ciudadano era todavía dantesco: a escasas semanas de las elecciones, derruir un sistema de privilegios y corrupción para reorientar un sistema político que diera cabida a una democracia más incluyente y transparente se asemejaba a tratar de correr una maratón sin siquiera haber terminado de aprender a caminar.
Pero pareciera que, con los sucesos de estos tres espectaculares meses, la democracia se ha fortalecido más que en tres décadas de haber sido formalmente instalada. Las estrategias ciudadanas (muchas espontáneas y otras estructuradas) e institucionales (como esta última de la Cicig y las investigaciones conjuntas con el Ministerio Público) están encaminadas a ir depurando el sistema del que se han aprovechado no solo los dueños y asociados de las franquicias partidistas, sino también grandes y medianos empresarios con dineros lícitos e ilícitos —incluyendo a los medios de comunicación—, según reza el reporte.
Obviamente salvando las distancias, permítaseme esgrimir que el impacto del informe es al sistema político-electoral lo que el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico representó para el proceso de justicia y reconciliación en el país al finalizar el conflicto interno. A mi parecer, el estudio de la Cicig revela que el modus operandi, la impunidad y el entramado de actores dibujan un esquema político concentrador, antidemocrático y al margen de la ley muy similar al que sostuvo la guerra, pero acoplado a los tiempos de paz. Las desigualdades políticas y económicas sirven a los intereses del Estado, del gran capital y ahora del crimen organizado nacional y transnacional. Una suerte de democracia de fachada, pero en tiempos de paz.
El informe, parco y técnico, sin metáfora alguna, es la memoria no del silencio, sino de las voces de los tercos contra el statu quo. Termina de desnudar la distorsión de un sistema que ha convertido lo que debería servir como una carretera del bien público en una de cooptación y compadrazgos por medio de campañas electoreras que incluso impactan el medio ambiente. Pero, a la vez, el estudio concede a los ciudadanos un espacio de cuestionamientos y reflexión, una bocanada de aire y reivindicación, así como una hoja mínima de ruta para refundar la democracia.
Si veinte años no son nada, tres meses son apenas un crío en brazos. Y la Cicig no es eterna. Pero no perdamos la perspectiva y veamos los logros que una nueva criatura protegida y estimulada puede producir en veinte años. Quizá a corto plazo, como dice Manolo Vela, una solución electoral sea mantener una gran alianza contra la corrupción de cara a los comicios de septiembre y octubre y votar contra la franquicia más cuestionada e inmune a la corrupción, es decir, Líder. La solución a mediano plazo es continuar exigiendo la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Pero, pase lo que pase, a la larga, como estos tres meses lo han mostrado, solo la presión ciudadana podrá forzar la voluntad política a favor del cambio y exigir las sanciones penales que sean necesarias.
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