En el desigual pulso entre Quito y Londres por la protección o el encarcelamiento de Julian Assange y WikiLeaks no se juegan únicamente dos demandas por comportamientos sexuales deshonestos en Suecia sino el derecho de la ciudadanía mundial por conocer información de interés público que las potencias del mundo quieren que permanezca oculta.
WikiLeaks es una organización de periodistas, activistas y hackers que trabaja desde 2007 por la transparencia a nivel mundial. Ha desarrollado mecanismos bastante seguros para que a través de ella pueda filtrarse información sobre torturas, masacres y otras injusticias o acuerdos políticos y económicos que se cuecen de espaldas a la opinión pública. El 28 de noviembre de 2010 empezaron a publicar 250,000 comunicaciones diplomáticas estadounidenses de todo el mundo, y Washington les declaró la guerra.
Sin estas filtraciones a través de WikiLeaks, el planeta no se hubiera enterado de masacres en Irak por parte del ejército estadounidense, ni de torturas, ni negociaciones oscuras, ni hipocresías. En Guatemala, WikiLeaks hizo la filtración de tres mil comunicaciones estadounidenses por medio de Plaza Pública en lugar de hacerlo por los tres matutinos más grandes por confiar en nuestra independencia y nuestra responsabilidad. Sin esta información, no hubiéramos tenido certeza sobre qué sabía o pensaba EEUU de la relación entre el PP con acusados de narcotráfico, los nombres de sus financistas, la opinión del presidente Pérez Molina sobre los abusos del ejército, la corrupción del partido Lider en el Congreso, las relaciones entre la UCN y el tráfico de drogas, que el aeropuerto La Aurora es un hangar para criminales o que el trabajo infantil es generalizado en el azúcar y otras agroindustrias en el país.
El trabajo de WikiLeaks es muy sano para la democracia. Otorga información pública a los ciudadanos, información que gobiernos o agencias de seguridad quieren ocultar, pocas veces de manera justificada, y que es indispensable para comprender por qué nuestros gobernantes actúan como actúan y deciden lo que deciden.
Concentra y hace a gran escala lo que muchos periodistas buscamos todo el tiempo en las democracias, encontrar fuentes que nos filtren información de difícil o imposible acceso para informar a la ciudadanía de cuestiones de interés público. Los mismos gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia financian el periodismo independiente alrededor del mundo que busca llevar a los ciudadanos información de interés público que haga a los ciudadanos más soberanos de cara a los poderosos de sus sociedades y de cara a sus gobernantes.
Porque nos une esa filosofía y esa misión, Plaza Pública aceptó ser aliado de WikiLeaks en Guatemala para el Cablegate y algunos correos del Stratforgate.
Con esto de fondo,debe empezar a ser analizado este último capítulo de la guerra de Washington contra WikiLeaks y Julian Assange. Una guerra que ha pasado por bloqueos bancarios desde hace dos años, la detención sin juicio del filtrador de la información, el soldado Bradley Maning, y la prisión domiciliar sin orden de juez a Julian Assange, su director.
Esta prisión domiciliar de Assange durante casi dos años tiene varias particularidades sospechosas. Una es que fue una acusación de dos ex amigas suecas del hacker australiano rechazada por un primer juez sueco y retomada por otro fiscal. Es una demanda de extradición hecha por un fiscal y no por un juez. De hecho, una de las demandantes le hizo una fiesta de despedida después del supuesto abuso. Se trata de una acusación grave –sexo sin condón ni consentimiento-, aunque Suecia bien podría cuestionarlo en suelo inglés y después decidir si se abre juicio en su contra. De momento, la inexperiencia del gobierno sueco –primer grupo conservador en 70 años– no hace impensable que pueda ser entregado después a Estados Unidos, a pesar de que la opinión bienpensante cuestione que Washington pueda reclamarlo después a un gobierno más débil que el de Londres.
Y los indicios apuntan a que en Estados Unidos Assange no tendría todas las garantías debidas de un juicio justo o de no enfrentar la pena de muerte después de pasar por un tribunal militar. La justicia estadounidense bien puede ser retorcida. Si no, sólo hace falta recordar a los familiares de guatemaltecos infectados por Washington con sífilis hace medio siglo o la niña guatemalteca robada y dada en adopción, que Estados Unidos se niega a devolver (sin que la cancillería guatemalteca haya presionado como hizo Cuba con el balsero Elián).
Que un juez del prestigio del español Baltasar Garzón esté al frente del equipo de defensa legal de Assange es un buen augurio, como lo es que América Latina respalde a Ecuador en su asilo diplomático al australiano. Fue él quien dijo, al salir de la embajada de Ecuador, que Assange no pretende rehuir la justicia sueca, pero que espera garantías mínimas. Correa, por su parte, ha dado un paso valiente al enfrentarse a Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque sea un acto para limpiarse la cara tras su agria batalla por silenciar a medios opositores –opositores como partidos políticos, que no medios únicamente independientes, como ocurre en tantos países latinoamericanos–.
Los medios que compartimos los valores de WikiLeaks de incrementar la información de interés público en poder de los ciudadanos, no podemos sino darles nuestro respaldo moral y exigir al gobierno de Washington que termine la cacería de brujas contra la organización, a Suecia que dé garantías de que no lo extraditará a Estados Unidos o al Reino Unido de que respete el derecho internacional. Gobiernos que creen en la libertad de información, como el de Guatemala, tiene que cerrar filas con Ecuador para evitar que Gran Bretaña viole la soberanía de su embajada y le conceda el salvoconducto para viajar a Quito lo más pronto posible.