Muy temprano en el ejercicio gubernamental, se fueron gestando condiciones perversas para seguir, desde lo público, generando más y más riesgo ambiental. Ahora, como lo he plateado en otras columnas, los problemas y crisis ambientales están totalmente fuera de control y las instituciones públicas, con un enfoque reactivo, no pueden más que exhibirse como espectadores.
Imaginar que este Gobierno, espontáneamente, modificará su indiferencia y su ignorancia respecto al tema y sus in...
Muy temprano en el ejercicio gubernamental, se fueron gestando condiciones perversas para seguir, desde lo público, generando más y más riesgo ambiental. Ahora, como lo he plateado en otras columnas, los problemas y crisis ambientales están totalmente fuera de control y las instituciones públicas, con un enfoque reactivo, no pueden más que exhibirse como espectadores.
Imaginar que este Gobierno, espontáneamente, modificará su indiferencia y su ignorancia respecto al tema y sus intereses −contrarios a la gestión ambiental−, es ilusorio. Estoy convencido, en consecuencia, que son los pueblos organizados –ojalá los urbanos en primera instancia−, los únicos con alguna capacidad y posibilidad de frenar el expolio natural y exigir una nueva forma de tratamiento para éste.
Estas exigencias deben conducir a que el aparato público, pagado para ofrecer resultados, trabaje un planteamiento socialmente deseable en torno de diez temas.
- Pacto ambiental nacional: se debe impulsar y concretar un acuerdo nacional respecto al valor que tiene el ambiente natural para la estabilidad del desarrollo incluyente y la necesidad de darle un tratamiento de bien público insustituible.
- Política pública e instrumentos: redactar e implementar una política pública concisa, territorialmente diferenciada, que identifique claramente, para cada territorio, los espacios naturales que deben permanecer invulnerados como reservas ambientales permanentes –con base en las actuales áreas legalmente protegidas−, los espacios que deben ser restaurados y los espacios que podrán utilizarse atendiendo las medidas de mitigación pertinentes. Cada línea de política debe contar con los instrumentos institucionales, normativos y financieros para darle viabilidad
- Institucionalidad pública: el tratamiento del ambiente natural como bien público –porque no se puede comprar en el mercado la calidad ambiental− exige el establecimiento de una institucionalidad pública poderosa, con capacidad de regular o incentivar las actuaciones de los agentes económicos y los hogares en la dirección de la política pública definida. Esta institucionalidad pública debe incluir tanto un ente rector con capacidades de dirección estratégicas y un conjunto de entidades ejecutivas con excepcionales capacidades operativas desplegadas en todos los territorios, según las necesidades de gestión de cada uno de éstos.
- Gabinete Ambiental: un Gabinete Ambiental debe asegurar que las actuaciones sectoriales lideradas por los Ministerios y Secretarias y que son potencialmente generadoras de impacto ambiental irreversible, estarán acotadas por las disposiciones de la política pública ambiental bajo la rectoría de la institucionalidad ambiental.
- Inversiones extraordinarias para la toma de control: No será posible tomar control de los problemas ambientales sin inversiones extraordinarias –adicionales a los presupuestos anuales ordinarios mejorados. Los acciones a financiar son: el freno a la deforestación dentro y fuera de áreas protegidas y paralelamente la repoblación forestal en áreas con esa vocación para atender las demandas nacionales de madera; el desarrollo de infraestructura hidráulica para garantizar abastecimiento de agua para todos los tipos de demanda; la infraestructura energética para dotar a todos de energía moderna y renovable; la modernización del transporte para disminuir la contaminación atmosférica y la protección de suelos en territorios estratégicos para la producción y la regulación hidrológica.
- Relaciones ambiente-economía: es indiscutible que se requiere de una matriz económica eficiente y compatible con el potencial nacional para dotar de recursos, tanto a las personas como al aparato publico a fin de garantizar la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y otros servicios vitales. Pero la economía guatemalteca no puede continuar usado recursos sin pagarlos y degradando irreversiblemente por evadir prácticas de mitigación de daños al ambiente. Nada de lo anterior será posible si, además, la economía mantiene la estructura extremadamente concentradora –excluyente en consecuencia− que predomina actualmente y tiende, incluso, a recrudecer estos rasgos.
- Cultura ambiental: El Estado debe asumir la responsabilidad de estimular una cultura de respeto a la diversidad de la vida; de reconocimiento del valor intrínseco de la diversidad independientemente de su valor de uso y de la práctica del principio precautorio. Así, la población debe convertirse en el más fiel guardián para que nuestro legado natural no sea disminuido irreversiblemente
- Política exterior: una vez enterrada la política exterior fundada en la práctica de la limosna, es necesaria una política seria que considere las fortalezas ambientales de la nación que son un patrimonio real para el mundo. El agua que proveemos a los países vecinos, es solo un ejemplo de los fértiles campos de negociación internacional en este ámbito.
- Vulnerabilidad sistémica: El Estado debe promover el conocimiento profundo de nuestra vulnerabilidad para que colectivamente se pueda superar aquella que se derivaba de desigualdades económicas y sociales y arbitrariedades institucionales y para convivir inteligentemente con aquella vulnerabilidad derivada de nuestros rasgos naturales.
- Cambio climático: Esta condicionante, sobre la cual no podemos hacer nada más que adaptarnos, exige transformar todas las modalidades de gestión de la nación. Sin un tratamiento serio en las más altas esferas del poder político, esta realidad sólo hundirá aún más en la pobreza a casi todos.
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