El 16 de agosto decidió poner en coma la iniciativa 4326 que eliminaba el secreto bancario, luego de intentos de reforma que desdibujaban el propósito de la misma. El 4 de septiembre cancelan en el último momento, la aprobación de la ley anticorrupción. El amo andaba cerca y vigilaba el comportamiento de su manada.
En ambos casos, la bancada oficial, es decir la del Partido Patriota (PP), es la que ha llevado la voz cantante y ha impulsado la metodología para lograr el cometido: impedir la aprobación de leyes que pueden ser un punto de partida para superar una parte sustantiva de la corrupción y la evasión fiscal, dos de los grandes males nacionales.
En lo relativo al secreto bancario, su eliminación abre la posibilidad de que la Superintendencia de Administración Tributaria, tenga acceso a la información que le permita corroborar los ingresos reales de los contribuyentes. En la ley anticorrupción se tipifica el delito de enriquecimiento ilícito y el rol que en el proceso juega el tráfico de influencias, práctica intrínseca a la relación Estado-sector privado.
En ambos casos, el impedimento para avanzar en la normativa estuvo conducido por los miembros del PP y sus aliados en el Legislativo: Visión con Valores (VIVA), Compromiso Renovación y Orden (CREO), la recién armada expresión política TODOS, algunos integrantes de la Unión del Cambio Nacionalista (UCN) y, oh sorpresa, el partido de la oposición, Libertad Democrática Renovada (LIDER).
Este comportamiento, sin embargo, no debe llamar a desconcierto, pues en realidad es casi una conducta natural. Así lo demuestra un estudio de Gustavo Herrarte, publicado por Plaza Pública (PZP) el 15 de agosto. “Son los intereses de los partidos políticos y las gremiales empresariales las que pesan dentro de la decisión política del Legislativo”, afirma al artículo, el cual explica la metodología empleada para el análisis y la hipótesis que se confirma con el resultado. De acuerdo con dicho estudio, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), operador político del sector empresarial, posee una gran influencia en el parlamento “y gracias a ella le ha sido posible afectar la tendencia de votos de los diputados”. El artículo identifica a los diputados oficialistas Emanuel Seidner Aguado y Pedro Muadi Menéndez, como los más cercanos y quienes hacen cabildeo para promover la legislación favorable a las cámaras empresariales.
De allí que, pese al compromiso asumido o a la cuasi pueril exigencia del presidente Otto Pérez Molina, los legisladores, capitaneados por los oficialistas y con ellos los arietes del empresariado, trabajen para quien amamanta sus intereses y se aseguren de no aprobar, ni la ley de secreto bancario, ni la normativa anticorrupción. Al sacar dichas normas de la plenaria y retornar el proceso a las comisiones, abren la ruta para anular toda posibilidad de que las mismas sirvan al único interés al que deberían honrar: la creación de condiciones para eliminar de una vez por todas el robo de nuestros recursos, el tráfico de influencias que produce el corruptor y la evasión obscena del pago de impuestos.
El amo empresarial ha vigilado a su manada y ha logrado detener un proceso esencial para la sociedad. Basta ya de comprar banderitas cada septiembre, somatar tambores y gritar frases sin sentido para alimentar el falso patriotismo racista y excluyente. Es tiempo ya de romper el ciclo perverso que representa y denunciar a los políticamente corruptos, cuestionar la actuación de los legisladores y presionar para que ambas normativas sean aprobadas sin modificaciones que anulen su espíritu. Ejercer ciudadanía crítica, nombrar y avergonzar a los promotores de los males eternos de Guatemala.
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