El partido político Líder está ofreciendo la creación de empleos como discurso de propaganda preelectoral, una de las necesidades más urgentes y sentidas de la población guatemalteca. Lo malo es que este ofrecimiento carece de legitimidad y sustento técnico, ya que recurre a la estrategia obsoleta de intentar atraer inversiones y generar empleos solamente con conceder el privilegio de no pagar impuestos. Estrategia que, por cierto, ha demostrado reiteradamente su inefectividad.
La iniciativa de ley presentada ayer por Líder está identificada con el número de registro 4948 y con el atractivo título de Ley de condiciones económicas para fomentar el empleo. Sin embargo, no es más que un copy-paste de propuestas que fracasaron estrepitosamente: la número de registro 4644, Ley de promoción de inversiones y empleo, presentada por el Ejecutivo en enero de 2013, y la número de registro 4894, Ley de fomento al empleo, presentada por el Partido Patriota en septiembre de 2014. Todas son refritos de la misma forma de fracaso: títulos bonitos y un contenido mediocre y errado que no es más que una lista agresiva e insensata de privilegios fiscales. O sea, otra vez el gobierno de Pérez Molina, el Partido Patriota y Líder muy bien alineados y actuando en connivencia en sus propuestas e intenciones.
Todas ignoran también que la SAT advirtió que, en caso de que se aprobaran, generarían una pérdida fiscal de por lo menos 1 300 millones de quetzales anuales. Por su parte, el Icefi ha advertido a la saciedad sobre el tipo de sacrificio fiscal que las municipalidades y las entidades descentralizadas sufrirían por semejante pérdida de ingresos. Además, el Icefi ha demostrado que la aprobación de estos privilegios fiscales golpearía los presupuestos públicos de programas de educación, de prevención de la desnutrición infantil, de seguridad y de infraestructura.
En cuanto a la propuesta de Líder, bueno, por lo menos son más transparentes que sus antecesores en cuanto a que sí reconocen públicamente que, de aprobarse su propuesta, se generaría una pérdida brutal de ingresos fiscales de por lo menos 1 200 millones de quetzales anuales. Lo que es de lamentar es que indican, con cierto desenfado, que esa pérdida se «justifica» porque se estarían generando empleos nuevos.
¿En qué sentido es aceptable esto? ¿Por los empleos a crear o a retener? Y si se trata de eso, ¿de cuántos empleos están hablando? ¿Qué indicadores y medios de verificación y evaluación de los resultados se dispondrían ante semejante sacrificio fiscal?
Temo que no tienen ni la menor idea, ya que, por ejemplo, el Icefi ha solicitado a fuentes oficiales como el IGSS, los ministerios de Economía y Trabajo y entidades privadas como Vestex el número de empleos en sectores que actualmente gozan de privilegios fiscales, como el de la maquila y el de las zonas francas. Las respuestas, si no risibles, son indignantes y vergonzosas: el IGSS contestó que es inconstitucional saber cuántos empleos hay en esos sectores, en tanto que los ministerios mencionados y Vestex respondieron que no saben. Entonces, ¿cómo pueden defender la supuesta efectividad de los privilegios fiscales que proponen si ni siquiera hay una fuente oficial que diga cuántos empleos tienen?
Ahora bien, esta propuesta tiene una complicación respecto a los fracasos anteriores: estamos en año electoral. Así, el cuidado debe ser extremo en cuanto a que la aprobación de esta propuesta no se ofrezca a cambio de financiamiento electoral proveniente de las empresas beneficiarias, que no serían pocas.
¡No a privilegios fiscales injustificados a cambio de financiamiento electoral espurio!
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