Como antecedente poco alentador sufrimos el cambio de superintendente de Administración Tributaria (SAT), lamentablemente plagado de acciones que buscaron politizar esa entidad. En abril trascendió que la Vicepresidenta de la República habría presionado al nuevo superintendente para nombrar a los intendentes clave de la administración tributaria, en un grotesco intento de violentar la institucionalidad de un ente descentralizado y que goza de autonomía funcional y administrativa.
Ahora es el turno de la SIB y la IVE. Al parecer el oficialismo está, por fin, cobrándose la “cuenta pendiente” por graves señalamientos en contra de Otto Pérez, por haber recibido dinero del Congreso de la República durante la campaña electoral de 2007, en el marco del tristemente célebre caso del desvío millonario a la casa de bolsa Mercado de Futuros (MDF).
Pero el peligro va más allá que un ajuste de cuentas por acusaciones realizadas en 2008, para lo cual bastaría con las renuncias del superintendente y la directora de la IVE. No, el verdadero peligro es que se repita el episodio de la SAT, y que la SIB y la IVE terminen politizándose al servicio del partido de gobierno.
Y es que la tentación es superlativa. Primero, podrían cobrar “venganza” a las fuerzas políticas de oposición, porque como bien se sabe, en materia de financiamiento de campañas electorales todos “tienen cola machucada”. Así como en 2008 el mismo Otto Pérez admitió públicamente haber recibido de MDF un préstamo por Q 688,500 (lo que el Ministerio Público debía investigar es si ese dinero provenía de los fondos desviados del Congreso), ¿cuántos préstamos (lícitos o no), podrían admitir haber recibido prácticamente todos los políticos de este país?
Pero el control politizado de una entidad como la IVE también generaría un poder desproporcionado para chantajear no solo a políticos opositores. El chantaje podría extenderse a todo aquel que diga o haga algo del desagrado del gobierno, pudiendo a través de la IVE acceder a información de sus movimientos bancarios (vía la política del sistema bancario “conoce a tu cliente”).
Aunque parezca a primera vista desproporcionado, antecedentes como el de la SAT no solo hacen la posibilidad real, sino además esperable. Sin embargo, afortunadamente la elección de las autoridades de la SIB y la IVE no son una decisión directa del Presidente, sino son el resultado de un proceso a través de la Junta Monetaria, un ente colegiado integrado por diversos sectores. Ese proceso es lo único que media entre la elección de autoridades probas, técnicamente preparadas e independientes, y un títere capaz de prestarse a prácticas deleznables como manipular información confidencial con fines ejercer chantaje político.
Sin embargo, ya circulan “ungidos” oficialistas con antecedentes nefastos. Por otro lado, el partido oficial cierra filas y acelera el paso para cambiar a los representantes titular y suplente del Congreso de la República ante la Junta Monetaria, pretendiendo el nombramiento de dos diputados oficialistas quienes, junto a los ministros de Estado y otros integrantes afines al gobierno, votarían disciplinadamente a favor de “ungidos” de estos para dirigir a la SIB y la IVE.
Si se analiza detenidamente, el cambio de autoridades en la SIB y la IVE no es un simple cambio de técnicos. Es un proceso político muy delicado, con el potencial de trastocar las bases fundamentales de nuestra incipiente democracia, yendo desde la cochinada del financiamiento de las campañas electorales, hasta la posibilidad de crear un ente de chantaje e intimidación sistematizados.
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