La corrupción es un problema creciente para este gobierno, al punto que pareciera estar saliéndose del control de las autoridades. Destaca la crisis del sistema aduanero, la cual ya supera su carácter crónico, añejo y universal, al punto que el Ejecutivo ya considera intervenirlo.
Con este anuncio se reconfirmó la profunda gravedad del problema de las aduanas. Sin embargo, la intervención como solución levanta expresiones de preocupación en cuanto a que podría terminar resultando aún peor. Como antecedentes preocupantes se tienen las intervenciones de la Dirección General de Migración (que permanece intervenida desde 2001), la Dirección General de Aeronáutica Civil (intervenida desde 1996 hasta 2008, pero vuelta a ser intervenida en 2009), las Empresas Portuarias Quetzal (intervenida desde 2011), y Santo Tomás de Castilla (intervenida desde marzo de 2012). Todas experiencias negativas.
Las preocupaciones por esta línea de acción, además de basarse en malas experiencias previas, se fundamentan en el hecho que el proceso de intervención sería conducido por alguien nombrado por el gobierno. Y acá dos anomalías: por un lado, si es el propio gobierno el que va a intervenir, ¿por qué no puede actuar con los poderes y facultades que ya tiene? Y por otro, si en buena medida la agudización del problema de la corrupción en las aduanas la han causado decisiones del Ejecutivo, ¿por qué esperar que quien ha causado el problema lo vaya a resolver?
En cuanto al primer punto, el artículo 120 de la Constitución Política de la República, intervención de empresas que prestan servicios públicos, dice literalmente: “el Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando se obstaculizare su funcionamiento.” Es decir, esta norma no está pensada para la intervención de entidades sobre las cuales el gobierno ya tiene poder y facultad para intervenir. Y entonces, me permito recordar el doloroso tema del transporte: ¿por qué no se considera la intervención de las empresas responsables del desastre del transporte público de pasajeros (urbano y extraurbano), pero sí las aduanas? ¿Acaso el artículo 120 constitucional no está redactado más para un caso como el del transporte público, que para el de entidades estatales como aduanas, migración o aeronáutica civil?
Pero suponiendo todavía que la intervención de las aduanas sí quepa dentro de la facultad que otorga el artículo 120 constitucional, ¿no sería más efectivo que las autoridades del Ejecutivo permitieran una investigación conjunta de la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, con el acompañamiento y asistencia de la Cicig? ¿No sería esta una ruta que ofrecería más confianza en el proceso de recuperación? Y es que, creo que todos tenemos pero bien claro, que no estamos hablando de “infantes de primera comunión,” sino de mafias nutridas de ex militares corruptos, traficantes de drogas y personas, y todo un mosaico de criminales y delincuentes organizados.
Es decir, la solución del problema tiene por un lado desafíos técnicos, pero más difíciles son los desafíos políticos: aceptar que ha sido el propio Ejecutivo el que ha agudizado la crisis en las aduanas, y madurez y voluntad para permitir que los órganos contralores e investigadores hagan su trabajo. ¿Qué tipo de “sorpresas” revelaría una investigación seria y bien hecha, capaz de romper los círculos mafiosos de las aduanas?
¿Tendrá el Presidente esa “mano dura”, o es como le señalan, sólo parte de la rosca de mafiosos y corruptos que se están atiborrando con la debacle de las aduanas?
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