El cuaderno, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y presentado hace dos semanas, contiene una de las mejores y más comprehensivas propuestas de política pública en materia de seguridad que han visto la luz últimamente y se invita a que se asuma como eje para la acción política. Escrito en un lenguaje llano, directo y a la vez con un nivel de análisis profundo de los antecedentes de la problemática, no se pierde en florituras ni subterfugios sobre los problemas de los sectores de seguridad y justicia. Antes bien sustenta de manera coherente la razón de ser de la propuesta encaminada a darle una visión sistémica desde un concepto de Estado democrático de derecho.
En el primer capítulo, “El cambio de paradigmas”, el autor analiza desde el arquetipo basado en la doctrina de seguridad nacional —enfocado en la operación contrainsurgente del Estado—, hasta el modelo centrado en el principio de que la persona humana debe ser el eje de la acción del Estado en materia de seguridad.
Cuando se refiere a los antecedentes estructurales en el segundo capítulo del ensayo, el autor hace un repaso por las propuestas de reforma del sector seguridad, así como los aportes conceptuales que se han producido y que representan, hoy día, una de las más ricas y sólidas aportaciones emanadas de la sociedad civil de las que se tenga referencia en el campo internacional.
En el tercer capítulo se encuentra la clave operativa del análisis conceptual planteado en las primeras dos partes y que para cualquier organización política que se precie de tal, constituye la mejor guía que alguien puede ofrecer para diseñar la propuesta de seguridad en su programa político.
Recomienda que se dé continuidad a la instalación del Sistema Nacional de Seguridad —básico para impulsar con visión de Estado los cambios necesarios— y continúa con la refundación del sistema policial, cuya propuesta incluye las mejoras necesarias para garantizar plenamente las misiones preventiva y de combate al crimen. Sugiere la creación de un ente especializado en atención a las víctimas y fortalecer la administración de justicia penal e instalar un sistema correccional funcional y eficiente. Urge a garantizar un efectivo control de armas y municiones y la aprobación de una Política Nacional de Desarme, además de garantizar el registro, supervisión y control de los servicios privados de seguridad e inteligencia. Como octava prioridad, propone que es necesario analizar críticamente la agenda legislativa en materia de seguridad y justicia. Finalmente, plantea que se debe debatir localmente las políticas de prevención del delito.
De manera que en nueve acciones concretas, cuya ejecución observará el desarrollo conceptual y estructural producido en más de una década de análisis sobre la temática, Héctor Rosada ofrece la mejor herramienta que cualquier político con visión puede requerir para trazarse una política de seguridad, que responda a las necesidades reales en esa materia. No considerarla es desperdiciar una oportunidad valiosa y perderse absurdamente, a pesar de tener una excelente guía.
http://www.undp.org.gt/cuaderno_seguridad%20IDH%20Guatemala%20(3).pdf
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