Quizá el escándalo más reciente fue la destrucción de una de las esculturas de jaguar que adornan la 6ª avenida de la zona 1. Al parecer, los responsables fueron “borrachos que frecuentan un antro de los alrededores”.
Por un lado, es comprensible y humano que ante una agresión se active nuestro instinto de defensa, con el cual los derechos del agresor valgan muy poco para la víctima. Pero por otro, los derechos humanos y estándares internacionales que promueven sociedades más civilizadas establecen que los agresores sí tienen derecho a ser tratados humanamente y con respeto a su dignidad, independientemente de la gravedad de sus crímenes.
Seguramente el principal antecedente que pudo haber guiado el proceso actual es el malogrado intento de hace 13 años para cumplir el Acuerdo Sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, uno de los 10 acuerdos de paz de 1996. Aunque aprobada por el Congreso en octubre de 1998, esa propuesta de reforma constitucional no fue aprobada en la consulta popular de mayo de 1999.
Así, una forma de evaluar el inicio del gobierno de Pérez Molina es analizar su agenda fiscal. Solo días después de la victoria electoral del 6 de noviembre logró que el Congreso aprobara el presupuesto para este 2012, ajustado a sus promesas electorales. Duplicó el presupuesto del Ministerio de Agricultura para cubrir los costos del programa “Hambre cero” y le quitaba el programa de los fertilizantes a los tenebrosos y oscuros fideicomisos.
Como antecedente poco alentador sufrimos el cambio de superintendente de Administración Tributaria (SAT), lamentablemente plagado de acciones que buscaron politizar esa entidad.