Los procesos de elección de los magistrados de 2009, la difícil selección del Fiscal General en 2010 y el reciente proceso en la Corte de Constitucionalidad, tuvieron como denominador común la pretensión de querer modificar y fortalecer el accionar de aquellas instituciones que tienen roles especiales en el combate a la impunidad. Esas luchas arrojaron resultados positivos, mayor participación de instancias sociales; pero en todo caso, también evidenciaron que solo apostar por ese tipo de procesos resulta limitado.
Resulta evidente que los políticos con mayor protagonismo de cara a las elecciones de septiembre tienen distintas motivaciones para su participación. Unos lo hacen en la búsqueda de prestigio social, donde la adulación es el pilar principal. Los vemos por todo el país en anuncios, mupis y vallas. Les interesa figurar, conseguir reconocimiento social; no les importa nada más. Se consideran como los salvadores, los conocedores de todo. Sus propuestas son simples, se basan en frases y lemas, que se convierten en mensajes que por la vía de la repetición se fijan en los futuros votantes.
El principal indicador para verificar hasta dónde el narcotráfico y otras redes de criminalidad infestan a los partidos y sus campañas es por la vía del financiamiento. Seguramente, ni siquiera al finalizar las elecciones sabremos con cierto grado de certeza el costo de éstas y las fuentes de procedencia.
Mientras el Gobierno central tiene escasas posibilidades de movilizarse en el territorio y utiliza el recurso del Estado de Sitio como distractor, acción mediática y para encarcelar a personas que no tienen que ver con la delincuencia, las redes de la criminalidad caminan a todas sus anchas por el país. De Cobán a Petén, narcomantas en Quetzaltenango, Huehuetenango y Baja Verapaz.