En esta primera nota que escribo para Plaza Pública, a quienes agradezco el espacio que se me ha brindado, no entraré a comentar el caso en sí, no solo porque está bajo reserva judicial, sino porque ya bastante han publicado los medios de comunicación. Más bien, quiero hacer énfasis en aquellos elementos negativos como positivos que está dejando el caso a la sociedad guatemalteca y al sistema de justicia. Lamentablemente, en Guatemala los avances o transformaciones se han producido a un precio muy alto.
Ambos casos tienen en común la protección a nuestra niñez y la actuación de las instituciones de Estado para garantizar el derecho a la seguridad de nuestros niños y niñas.
Voy a iniciar con el caso de Anyeli Liseth Hernández Rodríguez, hija de una joven pareja, originarios del interior del país, Loyda (madre) logró estudiar hasta sexto primaria y Dayner (padre) estudió hasta segundo primaria. Ambos emigran a la ciudad capital en busca de mejores condiciones de vida: Loyda logra ubicarse como trabajadora de casa y Dayner en el oficio de la albañilería.