A raíz del debate que se produjo, una idea que ha ido y venido es la de que “el que paga la pauta comercial (el anunciante) tiene derecho a vedar la crítica en su contra (a censurar) por el hecho de pagar y sostener el medio de comunicación”. Buena parte de la ciudadanía ha normalizado, aceptado e incluso legitimado esa lógica arbitraria de actuación de las empresas. Como si la libertad de expresión fuera una mercancía de acceso al mejor postor y no un derecho universal, y como si un poder privado estuviera legitimado para retorcer o censurar los contenidos del debate público.
Ni el clamor de justicia por los asesinatos de Antonio, Margarita y Oscar, ni las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la vida e integridad en las comunidades, ni la denuncia pública de la crudeza de los hechos y la indiferencia del Estado, ni la resistencia campesina, han sido capaces de transformar un ápice la situación. Esta es una fincona que se respeta. Y a la usanza feudal, aquí los dueños tienen la última palabra.