Ambas realidades son sinérgicas entre sí y tienen el potencial, cada vez mayor, de generar eventos desastrosos. Aunque de manera breve y simple, resulta interesante analizar estas dos realidades a partir de: (1) las evidencias actuales, (2) las responsabilidades, (3) la cobertura mediática y (4) la forma en la que se deben asumir.
Uno de los desafíos más grandes de esta iniciativa es lograr un nivel razonable de consenso social acerca del valor, en sí mismo, que tiene el patrimonio natural y el valor que tiene como base sobre la cual se sustentan las actividades económicas del país y las necesidades materiales de las personas. Tan real como ignorado —genuina o deliberadamente— es este hecho, que hemos alcanzado niveles de agotamiento, deterioro y contaminación que ya se han revertido —con tendencias incrementales— directamente en la población, especialmente la más vulnerable.
Algunos de estos factores naturales, junto a nuestra diversidad cultural, hacen que nuestro país integre uno de los ocho principales centros mundiales de origen de plantas cultivadas. ¿Quién no se impresiona por el privilegiado clima guatemalteco y los imponentes paisajes terrestres y acuáticos, muchos de ellos armónicamente combinados con vestigios arqueológicos de diverso tamaño y significancia histórica?
Aplicadas estas definiciones al agua y priorizando la “escala nacional” es evidente que en relación a este “bien natural”, el único elemento sin el cual no es posible la vida —algunos organismos pueden vivir sin oxígeno, pero no sin agua—, no existe un esquema de gestión que, considerando la oferta —y todos los elementos naturales que la definen— garantice, como propósito fundamental, la provisión equitativa y eficiente de agua en cantidad, calidad y de manera permanente para todos los tipos de demanda nacional —consumo humano, usos productivos, recreativos y ecológicos, entre otros—.