Es decir, la asistencia legal o defensa gratuita es considerada una de las principales obligaciones éticas del profesional del Derecho, junto con otras obligaciones tales como la independencia y libertad de consciencia y el deber de confidencialidad. Sin embargo, únicamente en materia penal existe alguna  regulación legal que permite que el Instituto de la Defensa Pública Penal pueda pedir la colaboración gratuita de los abogados en sus tareas, pero para ajuste de males, entiendo que este recurso es muy poco utilizado.