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La oposición a la minería, la nueva amenaza a la seguridad nacional
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La oposición a la minería, la nueva amenaza a la seguridad nacional

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Casi nadie se atreve a denunciar públicamente que la “Oficina Interinstitucional de Desarrollo Integral” es en realidad, como dice Pivaral, “una oficina de inteligencia militar”. “Es igual a los años setenta. Es lamentable. Vivimos en alerta permanente. Esa oficina siempre nos ha parecido sospechosa. Ubican el nombre de los líderes, manejan información de las comunidades. Lo sabemos aunque digan lo contrario”, asegura el líder comunitario.
Sobre la posibilidad de ampliar las funciones del Grupo Interinstitucional para Asuntos Mineros en otros lugares, el Ministro de Gobernación dice que primero hay que “atender la conflictividad derivado de lo que ya ha sido otorgado” para garantizar que el “nuevo modelo” haga más viable la administración y certeza de los proyectos que para el Gobierno “son estratégicos”.
El Estado movilizó al ejército y a la policía luego de los hechos violentos que arrancaron en septiembre de 2012 en el municipio de San Rafael en contra de la minería.
El Estado creó el “Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros”. Una entidad que trabajaría bajo la supervisión del coronel Ricardo Bustamante, encargado de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
Desde el Consejo Nacional de Seguridad, se acordó que los problemas alrededor de los proyectos extractivos debían ser abordados desde una perspectiva de Seguridad Nacional, como una amenaza en contra del Estado.
En marzo de 2013, se acordó que el “Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros”, como parte de la Política Nacional de Seguridad.
La conflictividad social en torno a un proyecto extractivo no es algo exclusivo de San Rafael Las Flores. No sucede únicamente en este lugar. Hay diversos puntos en choque, a nivel nacional. En La Puya fueron movilizados decenas de agentes policiales.
Agentes de la Policía Nacional Civil se ubicaron en el interior de los terrenos de la minera de San José del Golfo.
La oficina interinstitucional para el desarrollo social.
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El conflicto de la mina San Rafael Las Flores dejó algo más que un Estado de Sitio como respuesta a la oposición de los pobladores a la explotación de su territorio. Fue el punto de partida para que el Gobierno ensaye una nueva estrategia de seguridad, impulsada en secreto, y que ubica a los movimientos de oposición a los proyectos extractivos como una amenaza para la seguridad nacional.

San Rafael Las Flores se ha vuelto un extraño lugar donde todos parecen precavidos. Desconfían. Desde mayo de 2013, luego de que en este municipio de Santa Rosa se decretara un Estado de Sitio, las cosas son así. En las calles, en los parques, en las pequeñas tiendas de esquina, la gente observa con detenimiento a todo el que pasa frente a sus ojos. La alerta es espontánea. Los extraños no suele...

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